Eugenia Legorreta Maldonado
*Coordinadora del Programa de Interculturalidad y Asuntos Indígenas
La Organización Mundial de la Salud (OMS) define a la salud como un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no meramente la ausencia de afecciones o enfermedades. Tomamos esta definición como punto de partida para analizar los impactos que los proyectos extractivos causan en la salud de las personas que habitan los territorios donde son instalados. A pesar de que gozar de salud es un derecho humano, además de una condición necesaria para el adecuado desarrollo de la vida, observamos que, en los hechos, es un derecho sistemáticamente violado y un aspecto al que se le ha sacudido su importancia, en particular cuando se trata del extractivismo.
El Observatorio de Conflictos Socioambientales (OCSA) de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México es una herramienta que documenta y analiza, a partir de la prensa, la conflictividad socioambiental que detonan los megaproyectos extractivos en el territorio mexicano.
Durante los cuatro años que abarca el registro del OCSA (2017-2020), ha documentado 434 conflictos socioambientales. De estos, al menos 65 incluyen daños a la salud. Entre las afectaciones más mencionadas por la prensa, se encuentran: problemas respiratorios, intoxicaciones, cáncer, enfermedades de la piel y problemas auditivos.
Aproximadamente 30% de los megaproyectos detonantes de conflictividad socioambiental que reportan efectos negativos en la salud están relacionados con el extractivismo minero.
La actividad minera, en sus etapas de extracción, procesamiento y manejo de los residuos, provoca una profunda degradación ambiental, contamina el suelo, el aire, el agua y los alimentos, por lo que las personas que habitan las zonas aledañas a estos proyectos se ven expuestas a metales pesados y otras sustancias tóxicas, lo que provoca afectaciones de corto y largo plazo en su salud.
Se debe tener en cuenta que estos perjuicios a la salud generan, a su vez, impactos económicos en las familias y comunidades. Esto se debe a que la mayoría de las veces las personas afectadas no cuentan con acceso a servicios de salud, sea porque no están afiliadas a la seguridad social o porque, simplemente, el Estado no garantiza la disponibilidad del servicio. El impacto económico es sustantivo, pues además de estos gastos, hay que considerar la reducción de ingresos a causa de otras afectaciones en sus propiedades y medios de vida.
Esto es apenas una muestra de lo que Fundar (2018) ha señalado, en cuanto a que las poblaciones en que se explotan los minerales no reciben los beneficios económicos derivados de esta actividad y que, en muchos de estos lugares, los índices de pobreza superan la media nacional.
Un ejemplo paradigmático del problema al que se alude es el conflicto
detonado por la mina Buena Vista del Cobre, en Sonora, propiedad de Grupo México. De acuerdo con la información del OCSA, el derrame de 40 mil metros cúbicos de ácido sulfúrico en los ríos Sonora y Bacanuchi, ocurrido el 6 de agosto de 2014 —denominado por algunas organizaciones defensoras del medio ambiente como la peor catástrofe ecológica de México—, es el que mayores daños a la salud ha causado entre la población.
Después del desastre, Germán Larrea Mota Velasco, propietario de Grupo México, suscribió un acuerdo con la administración federal, que consistió en una aportación de dos mil millones de pesos, la construcción de 36 plantas de tratamiento de agua con tecnología para eliminar la presencia de metales pesados y la construcción de una unidad de vigilancia epidemiológica y ambiental. No obstante, solo se entregaron 1,231 millones de pesos, se instalaron únicamente dos plantas que finalmente no funcionaron y la unidad de vigilancia se quedó en obra negra. Este es apenas un ejemplo.
Llama la atención que la prensa aborda el tema de la salud de forma
escueta y general, lo que dificulta establecer una relación entre los megaproyectos extractivos y los daños a la salud. Es cierto que no existen en todos los casos evidencias directas del impacto de las actividades extractivas en la salud, sin embargo, hay motivos suficientes para considerar que estos daños han sido ignorados por las autoridades e incluso por los medios de comunicación y la opinión pública en general. Las reformas a la ley promovidas por los últimos
gobiernos han otorgado excesivas libertades a quienes obtienen concesiones mineras, dejando desprotegidos a los pueblos y las comunidades.
Es urgente generar regulaciones a la actividad extractiva —en particular a la minería— con un enfoque de salud pública. También se requiere crear mecanismos de observación y vigilancia que permitan tener mayor información y comprensión del problema y sus diversos alcances, con miras a generar rutas para hacerle frente.
No solo hablamos de altos costos económicos para las comunidades, sino de la violación sistemática de derechos individuales y colectivos y, en concreto, de la vulneración de formas de vida de personas, comunidades y colectividades. Sostenemos que, frente a estos efectos, no es posible negociar: ninguna actividad económica justifica los daños a la salud.
Si desea conocer el Observatorio de Conflictos Socioambientales de la
Universidad Iberoamericana, consulte la página: www.ocsa.ibero.mx
Referencias:
Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública (CESOP) (2019). La minería mexicana. Situación actual y perspectivas 2019. Recuperado de
www5.diputados.gob.mx/index.php/camara/Centros-de- Estudio/CESOP/Novedades/Carpeta-informativa.-La-Mineria-Mexicana.-Situacion-actual-y-perspectivas-2019
FUNDAR. Centro de Análisis y de Información (2016). Las actividades extractivas en México. Estado actual. México: Fundar.
FUNDAR. Centro de Análisis y de Información (2018). Las actividades extractivas en México. Desafíos para la 4T. México: Fundar.
