Extractivismo y energías renovables
Dulce María Ramos Mora
*Coordinadora del Programa Universitario para la Sustentabilidad
Frente al desafío que representa la emergencia climática y la urgencia de reducir drásticamente el consumo de combustibles fósiles, el mundo apuesta por una transición hacia las energías renovables.
Las también llamadas energías “limpias”, tales como la solar y la eólica, requieren para su producción de grandes cantidades de energía, minerales y metales, por lo que su despliegue a nivel global implicará un gran aumento en la demanda de estos recursos en las siguientes décadas.
De acuerdo con la International Energy Agency (2021), un esfuerzo concertado para alcanzar las metas del Acuerdo de París significaría cuadriplicar la demanda de minerales para 2040, mientras que alcanzar el carbono neutral a nivel mundial para 2050, necesitaría seis veces más insumos minerales en 2040 que en la actualidad. El mineral con mayor demanda será el litio, seguido del cobre, el grafito, el cobalto, el níquel, el manganeso y las tierras raras.
Así, el creciente requerimiento de materias primas a nivel global supondrá una mayor expansión de las fronteras extractivas y la explotación del suelo, el subsuelo y los sistemas hídricos por medio de tecnologías cada vez más agresivas y costosas.
México posee un gran potencial para la generación de energía por medio de fuentes renovables, ya que cuenta con abundantes recursos solares, eólicos, hídricos y geotérmicos (regiones con altos niveles de insolación, recursos hídricos para la instalación de plantas hidráulicas, vapor para el desarrollo de campos geotérmicos y zonas con fuertes vientos). Ello lo hace un territorio muy codiciado para las grandes empresas que buscan lugares para aprovechar esos recursos.
No obstante, la implementación de los proyectos de generación de energías renovables origina profundos impactos ambientales y sociales en las comunidades y sus entornos, además de que están asociados a diversos hechos de violencia. Todo esto coloca a nuestro país en una situación de gran vulnerabilidad.
Por esta razón, cada vez son más las personas, los pueblos y las colectividades que se ven amenazadas o son afectadas directamente por estos megaproyectos, quienes, en consecuencia, se organizan para evidenciar y denunciar las afectaciones, pero también para oponerse y defender sus territorios.
Las tensiones y disputas entre las empresas y las comunidades por el uso, el acceso, el control y la apropiación de los bienes comunes naturales y del territorio da lugar a conflictos socioambientales (CSA).
El Observatorio de Conflictos Socioambientales de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México (OCSA) es una herramienta que documenta y analiza la conflictividad socioambiental que detonan los megaproyectos extractivos en el territorio mexicano. Un análisis breve de la información que ofrece el OCSA con relación a las energías alternativas, nos permite ver que, en los cuatro años de documentación (2017-2020), ha registrado un total de 56 megaproyectos de energías renovables que comprenden parques eólicos, parques fotovoltaicos e
hidroeléctricas, de los cuales al menos 37 han detonado conflictos
socioambientales.
Asimismo, según lo reportado por la prensa y registrado por el OCSA, de los 56 megaproyectos y obras asociadas a la generación de energía renovable, 18 tienen reportada al menos una afectación ambiental: al agua (9), a la biodiversidad (9) y el suelo (7).
Por otro lado, el OCSA permite observar que son muchas y muy variadas las afectaciones sociales vinculadas a los megaproyectos de energías no convencionales (lo cual, ciertamente, no es una característica privativa de este tipo de negocios), entre ellas destaca la ausencia o la manipulación de la consulta libre, previa e informada. Otras consecuencias reportadas por la prensa son el debilitamiento del tejido social, es decir, de los vínculos sociales e institucionales que favorecen la cohesión y reproducción de la vida de las comunidades, así como daños a los bienes y servicios, como por ejemplo el acceso al agua potable.
Asimismo, los megaproyectos de energías no convencionales están fuertemente vinculados con diferentes formas de violencia. Para estos proyectos, el OCSA ha documentado 12 casos en los que predominan el daño a la integridad sicológica, la privación de la libertad, así como la judicialización y criminalización.
Además de las afectaciones ecológicas, sociales y la violencia, asociadas a la operación de los megaproyectos de energías renovables, es importante tener presente todas aquellas relacionadas con la obtención de los recursos necesarios para su construcción. El OCSA registra 87 megaproyectos de minería metálica, de los cuales 53 son causantes de CSA.
Como se observa, la transición energética fundada en las energías alternativas es insostenible e injusta social y ambientalmente, pues conlleva altos costos ambientales y la vulneración de derechos de los pueblos y las comunidades en las que se asientan los megaproyectos.
Las medidas para mitigar el cambio climático son necesarias y urgentes, sin embargo, es fundamental reconocer que la transición energética de corte tecnológico no será viable para satisfacer la creciente demanda energética global, y que el desarrollo de las mal llamadas “energías limpias” implicará la destrucción del capital natural y acrecentará las relaciones de injusticia social y ambiental.
Las posibles salidas a la emergencia climática van más allá de las
soluciones tecnológicas que reproduzca el sistema económico dominante. La transición a un futuro justo y sustentable demanda una transformación profunda y sistémica del actual modelo civilizatorio industrial.
Si desea conocer el Observatorio de Conflictos Socioambientales de la Universidad Iberoamericana, consulte la página: www.ocsa.ibero.mx
Referencias:
IEA (2021), The Role of Critical Minerals in Clean Energy Transitions, IEA, París. Recuperado de https://www.iea.org/reports/the-role-of-critical-minerals-in-clean-energy-transitions
Cero neto significa que no estamos agregando nuevas emisiones a la atmósfera. Las emisiones continuarán, pero se equilibrarán al absorber una cantidad equivalente de la atmósfera.
Una prerrogativa consagrada en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que otorga a los pueblos indígenas el derecho de participar en situaciones que impliquen una posible afectación a sus personas y/o propiedades, o bien la violación de sus derechos.